Los consumidores de las economías emergentes determinan las necesidades de infraestructura

Las necesidades de infraestructura de las economías de mercados emergentes, como China o India, no son las mismas que las de economías avanzadas como Estados Unidos o Alemania. Muchas economías emergentes deben expandir sustancialmente sus redes de energía y transporte, o construirlas desde cero, para hacer posible un crecimiento económico rápido. Nuestro estudio muestra que cuanto más gana la gente, más gasta en transporte. Dados el auge de crecimiento y el aumento de los ingresos de la clase media en las economías emergentes, eso tiene importantes implicaciones para las decisiones que tomen las autoridades en cuanto a la inversión en infraestructura.

La inversión en infraestructura debe mantenerse a la par del rápido aumento de la población, sobre todo en África subsahariana, India y otras partes del sudeste de Asia, así como del aumento del ingreso per cápita. Además, el consumo continúa girando hacia el gasto en transporte, un hecho que a menudo no se aprecia del todo.

Existe un sinnúmero de estudios económicos sobre la influencia de las variaciones del ingreso en los tipos de bienes y servicios que la gente decide comprar.

En el siglo XIX, el economista alemán Ernst Engel demostró que, en tanto que el gasto de los hogares en alimentos aumenta en función del ingreso y del tamaño de la familia, la proporción del ingreso dedicado a la alimentación disminuye. Ese principio se conoce como la ley de Engel.

Nuestras encuestas de hogares de 20 economías avanzadas y de mercados emergentes revelan una marcada relación positiva entre el ingreso personal y el gasto en transporte. La gente que gana USD 200 al año dedica apenas 1% de su ingreso a las necesidades de transporte, en tanto que los que ganan USD 20.000 al año gastan 18% en transporte.

En los próximos 20 años, un poco más de 1.000 millones de personas se sumarán a quienes ganan entre USD 6.000 y USD 20.000 a nivel mundial, y muchas comprarán su primer automóvil. El número de personas que ganan más USD 20.000 aumentará en casi 800 millones, y muchas comenzarán a viajar en avión al salir de vacaciones.

Teniendo en cuenta estos factores, se proyecta que el gasto de consumo en transporte se cuadruplicará para 2035 en India, China y otras partes de las economías emergentes de Asia, así como en África subsahariana. Sin ir más lejos, la construcción de las carreteras pavimentadas y las vías ferroviarias necesarias para hacer frente a la creciente demanda mundial de transporte podría costar alrededor de USD 48 billones en los próximos 20 años. Las economías de mercados emergentes y en desarrollo necesitarán el grueso de esa inversión.

Parte de esa inversión en infraestructura podría financiarse reorganizando las prioridades del gasto público o recaudando fondos a través de la tributación. Pero la única manera realista de subsanar el déficit de infraestructura de los mercados emergentes, que es cada vez más extenso, es a través del sector privado. Una de las posibilidades es el volumen potencialmente enorme de recursos que se encuentra en manos de los fondos de pensiones y las compañías de seguros de vida en el mundo entero.

Esa participación podría requerir cambios en los requisitos prudenciales de modo que estos inversionistas puedan mantener carteras de proyectos de infraestructura internacionalmente diversificadas. Además, las asociaciones público-privadas con bancos de desarrollo multilaterales y regionales les otorgarían a estos inversionistas el visto bueno que necesitan para participar en esos proyectos.

Para atraer a los inversionistas privados, los gobiernos tendrían que mantener un entorno regulatorio estable y libre de interferencia política arbitraria. Al mismo tiempo, la ejecución de garantías públicas enmarcadas en asociaciones público-privadas en algunas ocasiones ha implicado costos presupuestarios equivalentes a uno o más puntos porcentuales del PIB en muchos países, como Colombia, Indonesia y Portugal. Para mitigar esos riesgos, los gobiernos deberán vigilar y divulgar las obligaciones fiscales derivadas de proyectos con participación privada. Varios países, como Chile, ya lo hacen con regularidad.

Pero no se trata solamente de incrementar el gasto; hay que lograr que sea eficaz.

El éxito de cualquier proyecto de infraestructura depende de la transparencia y de la existencia de medios informativos independientes que puedan vigilar la evolución de los proyectos y darla a conocer debidamente. De esa manera, la ciudadanía puede ejercer presión sobre las autoridades para que velen por el interés público.

La publicación de llamados a licitación y las facetas más importantes de los contratos, la solidez contable y el control de la calidad son elementos críticos durante las fases de contratación pública —incluidas la evaluación y la licitación de proyectos— y ejecución contractual. Así se asegura que el financiamiento reciba usos productivos y no se desvíe ilícitamente ni se encauce hacia proyectos de poco valor agregado movidos por intereses políticos. Para evitar el fraude, los gobiernos deben ofrecer recompensas a denunciantes y protección frente a represalias.

En los indicadores de calidad de la estructura institucional para la selección y ejecución de proyectos, muchas economías emergentes quedan mal paradas. Pero ningún país escapa a la corrupción, y las economías avanzadas también deben proteger la inversión en proyectos de infraestructura de la influencia privada indebida y de la interferencia política arbitraria.

La ciudadanía también se beneficiaría de unas opciones de construcción “verdes”. Por ejemplo, darles prioridad en las nuevas redes de transporte a trenes, trenes subterráneos y otros tipos de transporte público antes que a carreteras contribuirá a reducir las emisiones de dióxido de carbono durante décadas.

La inversión en infraestructura encierra una promesa enorme. Para hacerla realidad, las autoridades deberían adoptar y salvaguardar regímenes de vigilancia, de modo que los ciudadanos se beneficien de decisiones prudentes.