Lo que el mundo piensa sobre el nuevo plan de impuestos a los vehículos eléctricos de EE. UU.

En agosto, se promulgó en Estados Unidos la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que supuso un importante paso del gobierno estadounidense hacia la descarbonización de las industrias altamente contaminantes y el aumento de la financiación verde. La legislación, que destinó 369 000 millones de dólares a disposiciones climáticas, introdujo nuevas políticas basadas en incentivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Entre estas medidas se incluye una exención fiscal para los vehículos eléctricos (VE). Sin embargo, varios países y fabricantes de automóviles han pedido que se reforme el plan fiscal, y muchos de los que se oponen argumentan que el crédito podría perturbar significativamente el sector de los vehículos eléctricos, y potencialmente violar las normas de libre comercio.

"La ley corre el riesgo de causar no solo un daño económico tanto a EE. UU. como a sus socios comerciales más cercanos, dando lugar a ineficiencias y distorsiones del mercado, sino que también podría desencadenar una perjudicial carrera mundial de subvenciones a la baja en tecnologías e insumos clave para la transición verde", dijo la Comisión Europea en la carta presentada al Tesoro de EE. UU.

La UE ha sugerido que otros elementos, además de los vehículos eléctricos, también son discriminatorios, como los créditos para la generación de electricidad renovable, la producción de electricidad limpia, la inversión en electricidad limpia y los combustibles limpios. Además, sugiere que la IRA ofrece subvenciones discriminatorias a través de créditos fiscales sobre el combustible sostenible para la aviación, la producción limpia de hidrógeno y la producción manufacturera avanzada.

Por su parte, el plan fiscal para los vehículos eléctricos incluye un crédito de hasta 7.500 dólares para los vehículos de pasajeros, que sus defensores esperan que impulse la demanda de vehículos eléctricos y acelere el desarrollo de una red de estaciones de carga en todo el país.

El crédito, sin embargo, solo está disponible para los vehículos con montaje final en Norteamérica. La mayoría de los requisitos están relacionados con la extracción, el procesamiento y el reciclaje de minerales críticos, y la fabricación y el montaje de componentes de baterías. A partir de enero de 2024, al menos el 40% de los minerales críticos debe proceder de EE. UU. o de un país con el que haya firmado un acuerdo de libre comercio, mientras que la batería debe tener al menos un 50% de contenido norteamericano. Estos umbrales mínimos aumentan al 80% en 2027 para los minerales críticos y al 100% a partir de 2029 para las baterías.

"A primera vista, la exigencia de requisitos de producción nacional para los créditos fiscales a los vehículos eléctricos viola el principio de trato nacional, uno de los principios fundamentales en los que se basa el régimen de comercio internacional", dijo Michael Plouffe, profesor adjunto de economía política internacional en el University College de Londres.

Tras la promulgación de la ley, el gobierno de EE. UU. solicitó comentarios sobre su aplicación.

Japón, uno de los principales países fabricantes de automóviles del mundo, dijo que tiene "serias preocupaciones" sobre la desgravación fiscal y advirtió que podría perturbar la capacidad de los fabricantes japoneses para operar en Estados Unidos. "Los fabricantes de automóviles japoneses llevan más de 40 años invirtiendo en EE. UU., creando puestos de trabajo bien remunerados en el país y contribuyendo a la sociedad estadounidense como buenos ciudadanos corporativos estadounidenses", decía el comunicado de Japón, que añadía que los requisitos "no son coherentes con la política compartida por los gobiernos de EE. UU. y Japón de trabajar con aliados y socios afines para construir cadenas de suministro resistentes".

Brasil también solicitó que el gobierno de EE. UU. proporcionara más detalles sobre lo que constituye el ensamblaje final y los requisitos de extracción de minerales, señalando específicamente que las restricciones podrían afectar negativamente al sector minero de Brasil. Corea del Sur, por su parte, pidió un periodo de gracia de tres años para dar tiempo a las empresas coreanas a finalizar las inversiones previstas en el mercado estadounidense.

Los opositores también afirmaron que el plan fiscal podría violar las normas comerciales internacionales. La Unión Europea, por ejemplo, dijo en su declaración que el plan fiscal contiene requisitos "discriminatorios" que constituyen una violación de los compromisos de los países a través de la Organización Mundial del Comercio. "Además, corre el riesgo de crear tensiones que podrían dar lugar a medidas recíprocas o de represalia", advirtió la UE.

Varias de las principales empresas de fabricación de automóviles y asociaciones del sector también se han manifestado en contra del plan de desgravación fiscal en su forma actual.

La Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles -cuyos miembros, como Honda, Nissan y Mitsubishi, emplean a 110 000 trabajadores estadounidenses, según la organización- dijo que el crédito podría "causar una carga extraordinaria" a las partes interesadas y tener un "efecto contraproducente de reducir la capacidad de los consumidores" para comprar vehículos eléctricos. La Asociación de Fabricantes de Automóviles de Corea también dijo estar "profundamente preocupada" por la legislación.

- Grupo Hyundai Motor

Los fabricantes de automóviles estadounidenses también han expresado su preocupación. En una carta dirigida al Tesoro de EE. UU., Ford Motors instó al Gobierno a aclarar las disposiciones clave del plan fiscal y a suavizar las normas relativas a los fabricantes extranjeros para que más vehículos eléctricos puedan optar a los créditos.

Ford escribió que, si bien "aprecia y apoya el objetivo general" de la legislación, una "interpretación excesivamente expansiva de esta disposición corre el riesgo de socavar ese mismo objetivo al hacer que el crédito para vehículos limpios sea en gran medida inaccesible".

Los requisitos del plan fiscal podrían "tener el efecto de aumentar la rigidez de la cadena de suministro, incrementando la susceptibilidad de las empresas a las perturbaciones exógenas", explicó Plouffe. "Esto es especialmente chocante, dado que una de las lecciones predominantes al salir de la pandemia fue la necesidad de flexibilidad y resistencia en las cadenas de suministro".

Se están realizando esfuerzos para conciliar las preocupaciones.

A finales de octubre, la UE y EE. UU. crearon un Grupo de Trabajo oficial sobre la Ley de Reducción de la Inflación para facilitar una serie de reuniones de alto nivel que aborden las cuestiones planteadas en Bruselas. El Departamento del Tesoro de EE. UU. es el encargado de orientar sobre los detalles finales de la aplicación de los créditos, pero muchos expertos han dicho que la legislación deja poco margen de maniobra.

"El grupo de trabajo es una medida bienvenida. Una disputa comercial sobre la política industrial verde sería perjudicial y restaría oxígeno a las oportunidades de colaboración", dijo Kimberley Botwright, responsable de comercio sostenible del Foro Económico Mundial. "Además, dado que las cuestiones afectan a países más allá de EE.UU. y la UE, las dos partes deberían fomentar también el debate con otros socios".

De cara al futuro, los expertos sugieren que es probable que los gobiernos vinculen las políticas ecológicas a la creación de empleo nacional, lo que conlleva tanto oportunidades como retos. "Los países deben evaluar cómo alcanzar el equilibrio adecuado, para evitar crear ineficiencias y tensiones internacionales", añadió Botwright.

Además, una cuestión clave, señalan los expertos del sector, es hasta qué punto será políticamente necesario centrarse en el empleo nacional, o si las políticas ecológicas pueden justificarse más por sus propios puntos fuertes.