8 realidades que determinarán el futuro mundial de la energía

Los agentes del sector eléctrico están familiarizados con el trilema energético: el desafío al que se enfrentan empresas y encargados políticos de garantizar un suministro de energía seguro y fiable, a un coste asequible y con un impacto ambiental mínimo.

Esos retos se intensificaron a lo largo del pasado año, con compromisos más ambiciosos (y urgentes) en la COP26 y COP27, la invasión de Ucrania por Rusia y el consiguiente aumento mundial de los precios de la energía y otras materias primas.

Si a esto añadimos las catástrofes cada vez más frecuentes relacionadas con el clima, nos encontramos, como industria y como sociedad, en un punto de inflexión energético. Empresas y gobiernos deben desarrollar nuevas estrategias para alcanzar objetivos energéticos críticos en un entorno cada vez más complejo.

A continuación, ocho realidades que determinarán el futuro mundial del sector energético.

Los responsables políticos están reescribiendo las reglas del juego, con efectos potencialmente duraderos. Las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania son solo un ejemplo de cómo las preocupaciones por la seguridad energética están cambiando la dirección de las políticas, con repercusiones en la oferta y la demanda mundiales.

Recordemos la crisis energética de 1979, que dio paso a políticas que aceleraron la transición hacia las energías renovables. Este año, Alemania ha reescrito su estrategia energética prácticamente de la noche a la mañana, tras décadas de dependencia de importaciones rusas de petróleo y gas como pilar de su estrategia de crecimiento económico.

También es evidente la importancia de reformas que muchos países han llevado a cabo en materia de permisos. Sin ello, las políticas para sacar adelante nuevas fuentes de energía se quedarán cortas, independientemente del capital invertido.

Aunque la dependencia mundial de los hidrocarburos disminuirá, surgirán nuevas dependencias de minerales críticos y tecnologías.

Los minerales que impulsan la transición energética, como el litio, el cobre, el cobalto, el níquel y los elementos de tierras raras, necesitan inversiones adicionales. Sus fuentes de suministro y centros de demanda se convertirán en nuevos puntos de vulnerabilidad, así como en ventajas económicas y geopolíticas, lo que cambiará la disputas geopolíticas sobre el uso y acceso a recursos minerales.

Los gobiernos tratarán cada vez más de diversificar las cadenas de suministro y obtener energía y minerales críticos de fuentes nacionales o amigas. Las consideraciones ambientales, sociales y geopolíticas más amplias también impactarán las políticas y el éxito de los proyectos de transición energética.

Por ejemplo, la República Democrática del Congo, con su historial problemático en materia de derechos de los trabajadores, produce el 70% del cobalto mundial, mientras que Rusia representa el 20% del suministro mundial de níquel puro.

Nos referimos al consumo de energía mediante un uso más eficiente como el "primer combustible", ya que reduce eficazmente la demanda, es rápido de aplicar y ofrece ventajas económicas y climáticas.

En su lugar, muchos países han adoptado políticas poco eficientes, como subvenciones, exenciones fiscales, precios máximos o descuentos, para reducir el impacto del alza de los precios en los usuarios finales.

España, por ejemplo, ha impuesto topes a los precios de los carburantes y al uso doméstico de la energía, mientras que el Reino Unido ha bajado los impuestos del combustible y ofrecido descuentos en gas y electricidad. Estas políticas, sin controles, tendrán el efecto contrario en las medidas de eficiencia, reforzando la demanda y exacerbando las insuficiencias del mercado.

Los encargados políticos deben sacar ventaja de subvenciones inteligentes para proteger a los consumidores de baja renta y al mismo tempo evitar incentivar a un mayor consumo.

El aumento de los costes, incluidos los tipos de interés, está obligando a los gobiernos a elegir entre la asequibilidad y la descarbonización, favoreciendo a menudo a los combustibles fósiles a corto plazo.

Varios países consideran ahora más barato sustituir el gas natural por el carbón. En Europa, donde la tarificación del carbono está bien establecida, los costes de los permisos han moderado este cambio, aunque Alemania mantendrá ahora algunas centrales de carbón como mitigación contra los picos de precios del gas natural.

La situación agrava el cumplimiento, ya desigual, de los compromisos de reducción del carbono contraídos por los países en la COP26, ya que las disparidades regionales en los costes de energía pueden incentivar la tercerización de reducciones.

Incluso antes de que Rusia invadiera Ucrania, los productores de energía renovable se enfrentaban a problemas en la cadena de suministro y a limitaciones de capacidad. Hoy en día, se necesitan importantes inversiones en infraestructuras energéticas para reducir la dependencia de las redes de suministro europeas de Rusia, reorientándolas hacia importaciones de gas natural licuado (GNL) más diversificadas.

Esto podría provocar nuevos atascos en la cadena de suministro y una mayor inflación de los costes de los componentes y materiales críticos, es decir, una "inflación verde". Los gobiernos pueden contribuir a aliviar los retrasos reexaminando sus procesos de concesión de permisos y acortando el tiempo necesario para adicionar capacidad extra en el mercado, pero las presiones inflacionarias persisten.

Los niveles de volatilidad del petróleo Brent han aumentado casi un 100% desde febrero de 2022 y la volatilidad de los precios del gas natural TTF ha oscilado salvajemente a medida que las preocupaciones de este verano daban paso a un exceso de oferta a corto plazo, una realidad que sin embargo desaparecerá rápidamente, empujando de nuevo los precios al alza.

Esta situación, unida a la necesidad de obtener beneficios tras años de resultados mediocres, está haciendo que las empresas de petróleo y gas retrasen sus decisiones de inversión, particularmente en proyectos de baja emisión de carbono afectados por los tipos de interés.

Queda por ver el impacto de largo plazo en las inversiones por la volatilidad de los precios y las sanciones energéticas impuestas a Rusia.

Las inversiones en la producción de petróleo y gas han sido insuficientes en los últimos años y deben incrementarse para evitar las subidas de precios.

La creciente importancia de la seguridad energética y la necesidad de reforzar las cadenas de suministro exigirán un nivel de inversión en energía que no se veía desde 2007.

Las nuevas tecnologías tampoco han recibido financiación suficiente. BCG ve un desfase de 22 billones de dólares entre el gasto actual y las necesidades para 2030, según su análisis.

El impacto económico de COVID-19 provocó que más de 100 millones de personas perdieran el acceso a energía, revirtiendo casi una década de mejoras en el acceso. Con el aumento de los precios de la energía y los problemas de suministro, el número de personas sin acceso a la energía no hará sino aumentar.

Estos problemas ya han afectado a la capacidad de países como Pakistán y Sri Lanka para pagar el gas natural, mientras que las protestas por alimentos y combustible se están convirtiendo en algo habitual en muchas partes del mundo.

Los mensajes contradictorios provocan resentimiento en el mundo en desarrollo: se dice a los países que no desarrollen sus recursos energéticos nacionales, mientras que Europa parece estar haciendo lo contrario.

Estas ocho realidades están cambiando radicalmente las reglas del juego para las empresas, los responsables políticos y las economías en desarrollo.

Las empresas deben prepararse para los choques a corto plazo y reforzar su resiliencia operativa para evitar pérdidas mientras desarrollan escenarios sólidos que sirvan de base para nuevas orientaciones estratégicas.

Tendrán que reaccionar de manera rápida y flexible a los cambios de la normativa. Las que se beneficien de ganancias inesperadas causadas por los precios de la energía y de las commodities deberán asignar este capital con sabiduría y visión de futuro.

Equilibrar la seguridad energética, la asequibilidad y la sostenibilidad ambiental es más urgente y más difícil que nunca. Los actores deben colaborar de nuevas formas para garantizar que las personas en todo el mundo tengan acceso a una energía asequible, al tiempo que hacen realidad la transición energética.