Transformar la justicia para las mujeres en América Latina

Para reducir eficazmente los asesinatos de mujeres, las naciones latinoamericanas deben combatir una de las principales causas de muerte de las mujeres –la violencia de género- por medio de la que los perpetradores atacan a las víctimas por ser mujeres y actúan en el contexto de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres.

Guatemala presenta un estudio de caso sobre cómo innovadores tribunales de 24 horas y la revisión de la formación ​​para la aplicación de la ley pueden aumentar las condenas relacionadas con la violencia de género y, en última instancia, reducir el número de asesinatos de mujeres.

La alta tasa de homicidios femeninos de Guatemala -- 9.1 asesinatos por cada 100.000 mujeres entre 2007 y 2012 -- viene determinada por el crimen regional, el narcotráfico y la violencia de pandillas. No obstante, al menos la mitad de los asesinatos de mujeres en Guatemala son feminicidios.

Guatemala fue el primer país en reconocer oficialmente el feminicidio -el asesinato de una mujer por su género- como delito en 2008. Cuatro años después, el país creó una base de datos nacional para registrar datos básicos sobre todos los casos de muertes violentas de mujeres. Esta base de datos permitió a la Procuraduría General de la Nación identificar deficiencias en la investigación de los feminicidios y la violencia de género que a menudo les precede, y posteriormente desarrollar programas piloto para abordar los crímenes asociados con la violencia contra las mujeres antes de que se conviertan en asesinato.

En particular, la Procuraduría General y la Corte Suprema de Justicia colaboraron en 2012 para establecer un tribunal de 24 horas capaz de manejar inmediatamente las medidas de investigación urgentes requeridas en los crímenes de violencia de género. El tribunal funcionó dentro del Modelo de Atención Integral creado en 2009 y ofreció un modelo de servicios integrales: expertos forenses, policías, psicólogos, médicos clínicos y fiscales fueron reunidos en un solo espacio en la Ciudad de Guatemala, y han sido puestos al servicio de los supervivientes de la violencia de género.

En el Modelo de Atención Integral, fueron las instituciones que giraron en torno a las mujeres, en lugar de que las mujeres tuvieran que viajar a cada institución o, peor, tener que elegir entre la atención médica y el acceso a la justicia. El tribunal de 24 horas, uno de los primeros en América Latina, aumentó de inmediato el número de medidas de protección y las órdenes de detención autorizadas y llevó a un aumento del número de personas enviadas a prisión por violencia contra la mujer y explotación sexual.

Al mismo tiempo, Guatemala también se esforzó por hacer frente a investigaciones perjudiciales o inadecuadas, que limitaban el acceso de las mujeres a la justicia. La Procuraduría General de la Nación encontró que los funcionarios encargados de las investigaciones sobre la violencia de género tendían a culpar a la víctima por su forma de vestirse, por su conducta anterior o por su relación previa o familiar con el perpetrador. Era común escuchar "algo haría" o "ella se lo buscó".

Los investigadores tampoco tuvieron en cuenta el contexto de la delincuencia: con frecuencia dejaron de investigar si había habido actos o informes previos de violencia contra la mujer o de violencia sexual concurrentes con el asesinato, o si la víctima residía en un área donde operaba una organización criminal.

Además, los jueces le dieron poca importancia a la violencia contra la mujer. Esto se tradujo en retrasos a la hora de que se pudieran reunir pruebas, o de que se emitiera una orden de arresto o una orden de registro. Estos casos se situaron a la cola del orden del día de las audiencias judiciales.

En respuesta, Guatemala comenzó a ofrecer capacitación especializada a los fiscales que investigan casos de violencia sexual, violencia contra las mujeres y femicidios. Una vez que una víctima se acerca a la oficina del Procurador General, se la hace sentir protegida. Nuevas instrucciones han guiado las investigaciones de femicidio íntimo, femicidio sexual y femicidio en el contexto de un grupo u organización criminal, especialmente pandillas u organizaciones asociadas con el tráfico de drogas.

En el año siguiente a estas innovaciones, las condenas por asesinatos femeninos en Guatemala pasaron de 55 a 91. Este aumento en las condenas se tradujo en un número mucho menor de casos, de 393 (178 resultando en muerte) en 2010, a 193 (103 resultando en muerte) en 2013 en Ciudad de Guatemala.

Esta tendencia positiva en las condenas y los casos no se observó sin embargo a nivel nacional, donde el modelo todavía no se ha implementado completamente. Esta implementación debe llevarse a cabo: Guatemala debe ampliar los tribunales de 24 horas y la formación para la aplicación de la ley en todo el país y en toda la región. Este despliegue debe ir acompañado de medidas no penales para prevenir la violencia contra la mujer, como son las políticas educativas y las destinadas a lograr una mayor igualdad de género en asuntos económicos y políticos.

Muchos supervivientes de la violencia de género en Guatemala nos han dicho que hoy saben que la justicia es posible en Guatemala. Aunque Guatemala sigue luchando para combatir eficazmente la violencia contra las mujeres, estas intervenciones localizadas presentan un modelo prometedor para ampliar el acceso de las mujeres a la justicia en la región.