La realidad del pueblo saharaui es un tema espinoso por el que la política exterior de España pasa de puntillas, sin poder resolver el pasado ni querer asumir responsabilidad sobre el futuro. La ausencia de legitimidad internacional para ser y gobernarse hace del territorio adscrito a los saharauis hasta 1920 un espacio donde el colonialismo persiste bajo la connivencia de todos.

En 1963, Naciones Unidas incluyó el Sáhara Occidental en su lista de los territorios no autónomos, una decisión que unida a las presiones independentistas del Movimiento de Liberación Saharaui en los 70, hizo que España comenzara a plantearse la autonomía del territorio. Un momento de debilidad que Marruecos supo aprovechar muy bien para mandar la Marcha Verde y ocupar, hasta el día de hoy, la mayor parte de su territorio. En los Acuerdos de Madrid (1975) se legitimaba el hecho al tiempo que se establecía una administración tripartita constituida por España, Marruecos y Mauritania. Apenas un año después, España abandonaba el territorio y el Frente Polisario proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). En 1979 Mauritania siguiendo los pasos de España, renuncia y consolida de facto un único administrador, Marruecos. Casi diez años de conflicto armado caracterizaron la relación entre el Frente Polisario y el reino alauí hasta que en 1990, la Asamblea General reconoce la cuestión del Sáhara Occidental como un problema de descolonización que debía ser resuelto por el propio pueblo saharaui. Un año más tarde, llegaba el alto el fuego bajo supervisión de la ONU y el mandato de convocar un referéndum.

En la actualidad, la RASD está reconocida por la Unión Africana y por más de cuarenta Estados en el mundo, la mayoría africanos o latinoamericanos, países que a su vez fueron colonizados. Sin embargo, no lo está por España, ni por Naciones Unidas, la Liga Árabe o por ningún país europeo ni ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto se traduce en un bajo perfil en la escena internacional.

Al no contar con el reconocimiento español, las relaciones son prácticamente nulas desde hace 41 años. Sin embargo, todos sus habitantes son españoles. Todo habitante nativo del Sáhara recibió un documento nacional de identidad y pasaporte español, junto con el libro de familia correspondiente. Un reconocimiento pleno de la nacionalidad de la que ningún español puede ser desprovisto como así reconoció el Tribunal Supremo. A pesar de lo cual, ningún gobierno de España reconoce obligación alguna ante los 400.000 habitantes que, entre los territorios ocupados, liberados y campamentos de refugiados del sur de Argelia, suma tentativamente la actual población saharaui.

Esta falta de reconocimiento conlleva una situación extrema de supervivencia. Una economía del refugio basada en la ayuda humanitaria que se complementa con limitados intercambios comerciales con Argelia, Mauritania y España y un mercado negro incipiente que junto a las remesas del exterior y algunas iniciativas emprendedoras proporcionan algún respiro a la hora de satisfacer otras necesidades. No hay que olvidar que el pueblo saharaui no puede ejercer derecho alguno sobre sus propios recursos naturales, a pesar del reconocimiento internacional que como territorio no autónomo tiene sobre ellos. En 1963 la ONU añadió esta categoría a la Resolución 1514 promulgada en 1960 por la Asamblea General, obligando así a Marruecos a asegurar que cualquier beneficio obtenido en el territorio, repercutiera directamente a sus habitantes. Es decir, mientras el control sea reconocido por la comunidad internacional, un país no puede explotar los recursos naturales de un territorio no autónomo sin el consentimiento de los pueblos originarios y sin volver a invertir los frutos de esta explotación en el propio territorio. El Sáhara Occidental posee el segundo mayor yacimiento de fosfato del mundo, detrás del propio Marruecos, quien sin embargo lo explota exclusivamente para beneficio propio.

En relación a los bancos pesqueros de la costa saharaui, la violación del Derecho Internacional es aún más fragante. La firma del Protocolo de Pesca entre la UE y Marruecos 2014-2018 cumple ahora dos años de vida inmerso en un enfrentamiento jurídico, que ha tensado las relaciones entre el país africano y la Unión Europea. Las tensiones vienen a raíz del recurso ganado por el Frente Polisario denunciando el protocolo. El Tribunal de Justicia Europeo le dio la razón y ha suspendió el acuerdo comercial, subrayando en su fallo que el Consejo Europeo “debía asegurarse de que no existían indicios de una explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, bajo control marroquí, susceptible de ir en detrimento de sus habitantes y de atentar contra sus derechos fundamentales”. En el inmediato recurso de casación presentado por la UE, España aparecía por primera vez como “parte recurrente” en apoyo del recurso presentado por la Unión, ya que las consecuencias para nuestro país de una suspensión del acuerdo pesquero pueden ser muy perjudiciales para los 100 barcos españoles con derecho a operar en esas aguas.

A su vez, el Parlamento Europeo ha defendido sus actividades económicas sobre las aguas saharauis amparándose en el Tratado de Libre Comercio de 2007 entre Marruecos y la UE, que si bien no reconoce explícitamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, se ampara en una opinión jurídica en 2004 del Asesor Jurídico de la ONU, Hans Correll, donde se justifica la inclusión de aguas del Sáhara Occidental. Aunque años después el mismo Correll alegara una mala interpretación del dictamen. Algo que, sin embargo, no ocurre entre el Tratado de Libre Comercio entre EE UU con Marruecos donde si se excluye, explícitamente, cualquier actividad económica procedente del Sáhara Occidental.

Se hace evidente por tanto, la especial relación que mantiene Marruecos con la UE y en particular con España. Rabat y Madrid comparten una relación comercial destacada (primer cliente y primer proveedor) y en otras esferas de la política exterior como es la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Si bien debido a los recorte, la cantidad absoluta de AOD que España designa en la actualidad a este país es muy inferior, 10 millones de euros frente a los 158 millones que destinaba en 2009, no deja de ser una significativa ventaja en términos relativos, respecto a otros Estados de la región. Una AOD que favorece no solo otros intereses entre los dos países, viene también a afianzar una actitud favorable hacia el control de fronteras. Un tema sensible que tiende a convertirse en amenaza (demostración de) si la ocasión lo requiere. Las consecuencias económicas y migratorias sobre el control de flujos son habituales ante cuestiones como la reciente sentencia de la Corte de Justicia de Luxemburgo en la que se acordaba excluir al Sáhara Occidental del acuerdo de agricultura entre la UE y Marruecos.

Tensiones que se suman a la que provoca la reciente incorporación de Marruecos a la Unión Africana (UA), institución que abandonó en 1984 al ser aprobada la incorporación de la RASD, y que supone otra vuelta de tuerca en las relaciones de los saharauis con el único organismo multilateral que le otorga legitimidad como Estado. Las redes diplomáticas, económicas y religiosas que ha ido tejiendo Marruecos durante estos últimos años han propiciado el respaldo de 39 de 54 países, en la maniobra de expulsar a la RASD del organismo. Algo para lo que no encontrará grandes resistencias, a pesar de que los estatutos de la UA no permiten la suspensión ni la expulsión de ninguno de sus miembros. Marruecos se ha convertido en el primer inversor de África occidental y el segundo de todo el continente, solo por detrás de Suráfrica. Además del plano económico, el rey marroquí Mohamed VI ha vinculado a muchos países a través de la religión como es el caso de la Fundación Mohamed VI de Ulemas Africanos y el Instituto Mohamed VI de formación de imanes.

Esta compleja situación se une al reciente desafío de las obras de asfaltado de la carretera en Guerguerat que une el muro de ocupación y Mauritania, precisamente en los territorios controlados por el Polisario. Con el argumento de frenar los movimientos irregulares de personas y mercancías, Rabat cuestiona una vez más el estatuto de los “territorios liberados” y lanza el mensaje de que su soberanía sobre el territorio es completa. Otro pulso con el que ha mediado con éxito de Naciones Unidas, que con un nuevo Secretario General, parece haber superado la crisis con Marruecos que originó que la MINURSO (fuerzas de separación de la ONU) fuera expulsada del país.

Por lo tanto, la cuestión no parece dirimirse entre si el Sáhara Occidental tiene derecho a su autodeterminación, ni si un referéndum pudiera otorgarle una autonomía suficiente para permitir un Taiwan en tierras africanas, los hechos hablan por sí solos. Nadie parece responsable de que un pueblo lleve sin presente casi medio siglo. El pueblo saharaui no tiene reconocida la soberanía sobre su territorio a pesar del Derecho Internacional. La comunidad internacional de la mano de Naciones Unidas y bajo la mirada atenta de España y Marruecos se desliga de una responsabilidad reconocida y entierra bajo la arena de la política internacional e intereses propios las deudas del imperialismo.