El 'sudoku' de la financiación autonómica

Está previsto que el próximo 10 de agosto el grupo de expertos designado por el Gobierno, las Comunidades Autónomas y ciudades autónomas sujetas al régimen común, es decir sin incluir al País Vasco y Navarra, y sin la presencia de Cataluña, presente sus conclusiones sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.

El 10 de agosto coincide con la festividad de San Lorenzo, mártir que fue torturado en una parrilla. La verdad es que la fecha parece elegida con toda la intencionalidad. Y es que la reforma del sistema de financiación autonómica es un tema recurrente con cierto olor ya a chamusquina.

De hecho, dicha reforma junto con el de la sostenibilidad de las pensiones, la reducción de los niveles de desempleo o el modelo energético constituyen algunos de los retos clave a los que debería hacer frente ineludiblemente nuestra economía.

La relevancia de esta reforma se asocia a temas tan importantes como el hecho de que se puede estar poniendo en juego la propia igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, la sostenibilidad en la provisión de servicios públicos esenciales, por no hablar del riesgo de estar perpetuando un sistema en el que se esté produciendo un cierto dumping fiscal entre Comunidades.

La cuestión es tan relevante como compleja. No en vano, al referirse a esta reforma, se ha utilizado el símil de un sudoku casi irresoluble… De hecho, en la literatura sobre el tema nos encontramos con expresiones del tipo: “La reforma imposible”, “El eterno problema” o “La reforma que ningún político se atreve a afrontar”…

Sin lugar a dudas, buena parte de la dificultad se asocia al statu quo existente, es decir, a una situación de partida de compleja modificación, especialmente en momentos en que el pastel a repartir mengua. El cambio de este statu quo conllevaría, lo queramos o no, la existencia de ganadores y perdedores respecto a la situación actual. No podemos olvidarnos de que actualmente, la distancia entre Comunidades Autónomas en la financiación ajustada por habitante y año supera los 800 euros al año, lo que supone diferencias del más del 30%.

El necesario cambio del sistema pasa por dos requisitos fundamentales. Por un lado, y en esto el papel que pueden desempeñar los expertos es clave, la utilización de criterios objetivos y que sean capaces de adaptarse a los nuevos entornos y necesidades. En este sentido, parece que el consenso entre dichos expertos es bastante amplio en muchos temas, por supuesto no en todos. Por otro, la necesidad de una voluntad política de consenso, lo que requiere de no pocas dosis de solidaridad y de generosidad, atributos ambos de los que no parecemos andar sobrados.

En este contexto, no debemos olvidar que las voces críticas respecto al actual sistema llevan alzándose desde prácticamente su implantación hace ya casi 10 años. Recuerdo perfectamente cuando, en julio de 2011, asistí a mi primer Consejo de Política Fiscal y Financiera, cómo ya entonces se hablaba insistentemente de la necesidad de su reforma o de temas que ahora vuelven a plantearse, como el de la mutualización de la deuda.

Desconozco si el escenario político actual mucho más fragmentado puede ayudar o no a la resolución del tema. Es cierto que, por ejemplo, todo el eje mediterráneo, con la Comunidad Valenciana a la cabeza, sufre una infrafinanciación reconocida por todos los expertos y que los colores políticos en dichas Comunidades son muy variados. Vuelvo a repetir que se me escapa la lógica o la racionalidad detrás de las decisiones políticas, pero ha llegado el momento de una revisión del sistema, revisión que por otra parte será más sencilla en la medida en que exista crecimiento económico.

La reforma deberá ser gradual, progresiva, con cierta dosis de multilateralidad y transparente. Particularmente, me cuesta imaginar un escenario de cambio radical y a corto plazo. La multilateralidad parece una condición clave para la sostenibilidad y credibilidad del nuevo sistema y por lo que se refiere a la transparencia, creo que una de las características que ha condicionado muy negativamente al sistema actual ha sido el de la percepción de opacidad, lo que normalmente siempre tiende a generar desconfianza y sensación de arbitrariedad.

En última instancia, el sistema de financiación autonómico no es ni mucho menos una cuestión exclusivamente económica, siendo por supuesto muy importante. En el fondo, lo que subyace es todo un modelo de Estado y de país, así como la necesidad de que el ciudadano sea cada vez más consciente de quién fija los impuestos, a quién los paga y quién es el responsable último de cada gasto. Al final es un tema, una vez más, de reglas del juego, y ya saben lo que dicen los ingleses de que los juegos donde se hacen menos trampas no son aquéllos en los que los jugadores son menos tramposos, sino en los que las reglas del juego están más claras.

Publicado originalmente en El Economista, 30 de Mayo de 2017