La corrupción continúa acaparando los titulares en América Latina. Los casos van desde los esquemas para ocultar activos que fueron revelados en los “papeles de Panamá” hasta los escándalos de Petrobras y Odebrecht que han trascendido las fronteras de Brasil, pasando por los ocho ex gobernadores de estados mexicanos que están enfrentando cargos o condenas. Las consecuencias económicas y políticas de la corrupción han pasado factura a la región, y los ciudadanos de América Latina están mostrando un creciente descontento y exigiendo que los gobiernos tomen medidas más enérgicas contra la corrupción.

En esta primera entrega de dos blogs comparamos la corrupción en América Latina con el fenómeno en otras regiones y explicamos por qué resulta tan difícil combatirla. Parte de la respuesta está en el hecho de que la corrupción sistémica es tan endémica en la sociedad que para lograr modificar los comportamientos es necesario un gran cambio en las expectativas. Dado que la corrupción consume recursos públicos y reduce, a través de diferentes canales, el crecimiento económico, el FMI se ha comprometido a trabajar con los países miembros para hacer frente al problema.

La corrupción tiene muchas caras

La corrupción —el abuso de un cargo público para beneficio privado— implica pagos ilícitos o favores y la forma en que estos se distribuyen. Pero la corrupción puede ocurrir de diferentes formas. Puede darse en un nivel “elevado” o político, y puede darse también a un “insignificante” nivel burocrático. Cuando está tan generalizada y arraigada, la conducta corrupta puede convertirse en la norma. En estos casos sistémicos, la corrupción incluso puede incidir en la formulación e implementación de políticas y puede distorsionar decisiones regulatorias o de Estado, como en Ucrania.

La corrupción también puede involucrar proyectos individuales y la manera en que son adjudicados o renegociados. Recientemente, un sonado ejemplo es el de la empresa constructora Odebrecht, que destinó considerables recursos a comprar el apoyo de funcionarios públicos clave para conseguir la adjudicación de contratos en varias economías de América Latina. Existen otras formas de corrupción en niveles más bajos, como la asignación de licencias y derechos de zonificación. La corrupción puede ser iniciada por el lado de la oferta (insinuar un soborno) o de la demanda (pedir un soborno), pero en la práctica suele ser difícil separar las dos partes.

La trampa de la corrupción

Si los costos sociales de la corrupción son tan altos, ¿por qué resulta tan difícil combatirla y derrotarla? En todo tipo de interacción social, las percepciones y expectativas individuales son cruciales. Cuando la corrupción sistémica es la norma, la gente cree que las otras personas están aceptando u ofreciendo sobornos. Ante esto, alejarse de lo ilícito es costoso desde el punto de vista del individuo. Como lo demuestra el caso de Odebrecht, las empresas constructoras que ofrecen sobornos tienen más posibilidades de conseguir proyectos que las que no lo hacen, incluso si estas últimas son más eficientes. Además, ese equilibrio nocivo se autoperpetúa porque las empresas y los políticos pueden coludirse y usar el producto de anteriores actos de corrupción para conseguir otros beneficios en el futuro a expensas de los intereses de la sociedad.

Los países necesitan políticas enérgicas que cambien las percepciones de la sociedad, de tal manera que la corrupción se convierta en la excepción y no la regla. Y al disminuir la corrupción, los gobiernos podrán detectar más fácilmente a los que sigan siendo corruptos, ya que se destacarán.

Pero lograr esta realineación de incentivos y comportamientos no es fácil. La lucha contra la corrupción es un problema de acción colectiva que tiene dimensiones políticas. Los esfuerzos aislados probablemente no surtirán efecto, y lo que se necesita es un impulso decisivo y en varios frentes, para poner en marcha una dinámica positiva que permita romper el equilibrio pernicioso. Las claves para lograr esto son un liderazgo firme y el apoyo de la sociedad.

La corrupción sigue siendo un problema en América Latina

La corrupción es difícil de medir, pero diversos indicadores de percepción de corrupción muestran una fuerte correlación entre sí. Todos indican que la situación en América Latina es más o menos similar a la de otras economías de mercados emergentes, pero mucho peor que la de las economías avanzadas.

Además, los promedios regionales ocultan un amplio grado de variación entre los países. Las percepciones de corrupción en algunos países, como Chile y Uruguay, son similares a las de economías avanzadas. Curiosamente, Chile y Uruguay también tienen buenas calificaciones en los indicadores de institucionalidad y buen gobierno, y presentan niveles de ingreso per cápita relativamente más altos. En el resto de la región los resultados no son tan buenos. Las razones son, en distinto grado, una deficiente aplicación de la ley, falta de transparencia fiscal, burocracia, vacíos jurídicos y marcos contractuales deficientes de contratación e inversión pública y una mala gestión de gobierno de las empresas estatales.

Poco progreso

Tampoco es fácil hacer un seguimiento de las mejoras concretas en América Latina, ya que algunos indicadores no son totalmente comparables a lo largo del tiempo. Además, las percepciones de corrupción pueden, de hecho, aumentar al mismo tiempo que la corrupción esté disminuyendo, ya que es más lo que se está investigando y lo que queda al descubierto.

Pueden citarse algunos casos de notables mejoras registradas en los últimos 20 años en las economías emergentes, pero en América Latina los buenos resultados son más escasos. En Honduras, por ejemplo, la corrupción sigue siendo fuerte, pero su control ha mejorado notablemente gracias medidas adoptadas recientemente en cuanto a fuerza policial, administración de la seguridad social y administración tributaria. Pero en general, la mayoría de los cambios en América Latina son relativamente pequeños. Una vez instalada, la corrupción es difícil de erradicar.

El costo de la corrupción

Estudios anteriores han demostrado que la corrupción puede atrofiar el crecimiento sostenible e inclusivo. Con la corrupción sistémica, la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas se ve minada, y los costos adquieren una importancia macroeconómica. Además, un mayor grado de corrupción tiende a ir de la mano de una mayor desigualdad. Entre los costos que suelen ser evidentes en partes de América Latina están un menor suministro de bienes públicos (lo cual perjudica desproporcionadamente a los pobres), la distribución deficiente de talento y capital debido a incentivos distorsionados, niveles más altos de desconfianza en la sociedad y menor legitimidad del gobierno, mayor incertidumbre económica y menor inversión privada y extranjera.

Aun así, es difícil determinar estadísticamente el impacto exacto de la corrupción en el desarrollo, ya que las causas operan en ambos sentidos. Según nuestras estimaciones ilustrativas, una mejora de los indicadores de corrupción del cuartil más bajo a la mediana podría elevar el ingreso per cápita aproximadamente USD 3.000 en América Latina a mediano plazo, si bien parte de este aumento obedece a la coincidencia de otros factores, como mejoras institucionales generales.

Una oportunidad

La corrupción en América Latina sigue siendo excesiva. Las encuestas más recientes revelan que la paciencia del público se está agotando, y eso representa una oportunidad para los gobernantes. Formular y aplicar una estrategia coherente para combatir la corrupción es una tarea difícil, que implica aprender de la experiencia que se vaya acumulando, y que además depende de las circunstancias del país y debe encajar dentro de un plan de desarrollo más amplio. Pero la experiencia internacional y regional ofrece ideas y pautas para combatir la corrupción. En nuestro próximo blog ofreceremos algunas recomendaciones concretas para América Latina.