Es tal el volumen de actividad, presencia e impacto de lo público en nuestras vidas que abruma: 472.248 millones de euros es lo ha gastado el sector público español en 2016, el 42% de nuestro PIB.

¿Quiere esto decir que el sector público es una «ciudad sin ley», ni datos, ni gestión, ni estrategia? No, y un no rotundo. En pocas organizaciones hay tantos procesos, todos ellos férreamente apuntalados en la seguridad jurídica, con tanta información potencial para ser usada y con tanta presión legal y controles como en la administración pública. De hecho hay una especie de batalla interna entre la flexibilidad y el control, entre la rapidez y el peso de la revisión hasta la extenuación. En esta batalla pocas veces gana lo rápido, inmediato y fácil de realizar, porque prevalece el principio de la seguridad y evitar grietas en el sistema. Los incentivos y la cultura que se han construido han sacrificado unos objetivos a favor de otros. Y en las administraciones más pequeñas, donde el personal es escaso, como el presupuesto, las prioridades están claras: entre arreglar un bache y tener datos de cualquier cosa, siempre ganará el bache.

Justo cuando esos incentivos y esa cultura fosilizaron, tras décadas de desafíos, cambios, controles y exigencias, la presión normativa y las demandas de la sociedad imponen nuevos pasos. La Comisión Europea, en su Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020 traslada el siguiente gran desafío:

«En 2020 a más tardar, las administraciones públicas y las instituciones públicas de la Unión Europea deberían ser abiertas, eficientes e integradoras, y prestar servicios públicos digitales sin fronteras, personalizados, fáciles de utilizar y de extremo a extremo a todos los ciudadanos y empresas de la UE»

Tener una administración pública sin papel, donde el ciudadano puede relacionarse con ella sin necesidad de acudir a la ventanilla, es un desafío más fácil de decir que de implementar. En España se lleva realizando un gran esfuerzo en este sentido, sobre todo por parte de la Administración del Estado. Lo que parece sencillo, tramitar online mi licencia de obra, requiere por detrás un cambio profundo en toda la forma de trabajar de la administración. Seguir aportando la máxima seguridad para que esos trámites sean igual de legales que en ventanilla y, por supuesto, asegurar que no acaben en manos de un hacker—el gran reto del siglo XXI—.

En 2012 se creó una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). En su informe formularon 218 propuestas de actuación orientadas a lograr varios objetivos claves e inmediatos: ser más eficientes, más transparentes, más ágiles, simplificar muchos más trámites y centrase en el servicio a los ciudadanos y a las empresas. A partir de aquí llegaron leyes importantes: unas que modificaban las anteriores, otras nuevas y de rápido cumplimiento y otras ya aprobadas que adquieren más valor y urgencia para su aplicación. En definitiva, la presión en la olla legal para cambiar (radicalmente) el rumbo de la administración pública española es muy elevada.

Los ayuntamientos españoles llevan meses trabajando sin descanso, y mucha preocupación, para poder cumplir con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Estas dos leyes son verdaderas palancas para transformar la forma en la que se trabaja internamente, dando prioridad absoluto a la digitalización de todo lo que pasa en un Ayuntamiento, entre otras muchísimas cosas.

Pero al mismo tiempo, y quizás de forma más silenciosa, se ha aprobado un Real Decreto que entra en vigor en julio 2018, donde ahora sí: los ayuntamientos estarán obligados a tener toda la información de lo que hacen —cuánto y para qué— con el 100% del presupuesto, y además, muy parecido a como lo hacen las empresas cuando coges la botella del agua del supermercado. Se trata de un decreto muy importante: obliga a tener una contabilidad analítica, que no es más que identificar el gasto con otros parámetros de ejecución (has gastado 10 euros en 10 bolis donde 3 son para el departamento de urbanismo y 7 para intervención).

Lo lógico, quizás, sería que esta medida llegará incluso antes que todas las leyes vinculadas a la transparencia, por ejemplo. No se puede ser transparente de algo que no tienes. Convertir datos —números o aspectos cualitativos— en información —donde se relacionan los datos con los hechos— es imprescindible para generar conocimiento —analizas, aprendes y tomas decisiones—. Por lo tanto, no puedo ser transparente, no me puedo evaluar de forma solvente, no puedo anticipar problemas y gestionarlos, si no organizo los datos para crear conocimiento. Pero lo primero es convertir datos en algo que se pueda utilizar y trabajar.

Este Real Decreto va a obligar auditarse a los ayuntamientos, otorga aún más importancia a la intervención, exige tener muy documentados cuáles son los centros de gastos y qué se hace en ellos. Obligará a gestionar presupuestos por objetivos —si, en una organización antes de saber qué se gasta hay que saber de forma nítida para qué y con qué impacto esperado—. A tener informes de control financiero, planes de acción ante problemas detectados y, en definitiva, conecta como un todo los procesos, la tecnología, los gastos y lo que se hace con ellos. Todo un verdadero desafío. Pero, además de apasionante y necesario, por su impacto en nuestra sociedad, abre la vía para lograr una modernización real de nuestras administraciones públicas. Por fin va a ser posible eso que les gusta decir mucho a los anglosajones, y que practican muy bien: sigue tu dinero, a dónde va y para qué.

A Peter Drucker le gustaba decir, y a mí repetir, que el problema es que la cultura se desayuna a la estrategia todas las mañanas, y añadiría a las leyes. El cambio real se producirá cuando los profesionales públicos asuman ese rol tan importante que tienen en estos procesos de modernización, cuando el propio sistema aporte méritos (y recompensas) a los verdaderos líderes internos que existen en las administraciones públicas, cuando el propio sistema se mueva y rompa sus zonas más oxidadas. Hasta ahora estos profesionales han recibido ajustes, más leyes, exigencias y compromisos sobre sus cabezas. Pero nada de todo esto será posible sin meritocracia ni incentivos. Estamos ante todo un desafío social, y no sólo es trabajo de los profesionales públicos.