La interminable crisis política venezolana se aboca a una nueva cita electoral: los comicios regionales del próximo 15 de octubre. Pero el contexto actual parece más bien prever un reacomodo circunstancial de fuerzas políticas, con la mente puesta en las respectivas cartas electorales para los comicios presidenciales de 2018. Con todo, el trasfondo luce imprevisible. La crisis socioeconómica y el descontento ciudadano con la actual representación política, tanto chavista como opositora, auguran síntomas que pueden, en cualquier momento, renovar los enfrentamientos en las calles.

La actual sensación de letargo que se observa dentro del conflicto político venezolano, tras meses de radical confrontación en las calles y de enfrentamientos institucionales, parece dar una breve tregua motivada por el paréntesis electoral. El próximo 15 de octubre están previstas unas elecciones regionales que, ahora sí, se asumen como decisivas para el futuro político venezolano a corto y mediano plazo.

Venezuela está viviendo un 2017 tan intenso como impredecible. Por ello, el actual letargo contrasta con la vorágine de acontecimientos vividos meses atrás. En ellos destacan las violentas protestas políticas (abril-agosto) con más de un centenar de muertos; la ruptura institucional de facto entre una Asamblea Nacional Constituyente de carácter oficialista y un poder legislativo opositor; confusos incidentes de alzamiento militar (julio y agosto); y las agravantes sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro impulsadas desde EE UU.

La súbita reactivación del diálogo entre gobierno y oposición (septiembre), de nuevo auspiciado por el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, supone un punto de inflexión que genera cierta desconfianza en la opinión pública. Por ello, los próximos comicios regionales, inicialmente previstos para diciembre de 2016, retoman ahora su importancia tomando en cuenta el difícil clima político y social vivido durante este 2017.

Estos comicios elegirán a los gobernadores de los 23 estados venezolanos para un período de cuatro años. Por tanto, no sólo traducen un nuevo pulso sino que podría redibujar el mapa político a mediano plazo, con foco en las elecciones presidenciales 2018. Y de ello parece derivar la posibilidad de configurarse un nuevo status quo entre Gobierno y oposición.

La oposición busca ‘resetear’

Estos cambios de status quo parecen ser más evidentes en el caso de la oposición, agrupada en una Mesa por la Unidad Democrática (MUD) cada vez más cuestionada por sectores opositores más radicales, especialmente aquellos denominados “la Resistencia”, germen de las incesantes protestas que recientemente asolaron el país. La apuesta constituyente del Gobierno y la posterior desactivación de las protestas suponen una evidente derrota política para las estrategias de la MUD, que ahora espera revertir este fracaso en los próximos comicios regionales.

Esto ha provocado que la MUD entre ahora en una nueva fase, si cabe dilemática, pero también dependiente de la presión internacional contra Maduro. En septiembre, la MUD, con la excepción de dos de sus partidos políticos (Vente Venezuela y Alianza al Bravo Pueblo), llevó a cabo un proceso de elección primaria de candidatos de cara a las elecciones regionales, con la intención de propiciar un reequilibrio político en sus filas.

En estas primarias salieron claramente vencedoras dos opciones. La primera fue Acción Democrática (AD), con ocho nominaciones en las candidaturas. Esto refuerza el liderazgo de Henry Ramos Allup (73 años), histórico dirigente “adeco” y ex presidente de la Asamblea Nacional (2016-2017). La otra opción ganadora es el partido Primero Justicia (PJ) del actual presidente del poder legislativo, Julio Borges (47 años), que obtuvo cuatro nominaciones. Las candidaturas restantes se dividieron en nominaciones por consenso y de otros partidos minoritarios.

Esta nueva correlación de fuerzas claramente liderada por AD y PJ pareciera institucionalizar dentro de la MUD una opción menos radical, apartándose de liderazgos más contestatarios como son los casos de María Corina Machado (Vente Venezuela), Antonio Ledezma (Alianza al Bravo Pueblo) y el del preso político más internacionalmente conocido, Leopoldo López (La Salida). Ledezma y López se encuentra en prisión domiciliaria, mientras Machado ha perdido eco político.

Por otro lado, no se aprecian liderazgos distintivos dentro del movimiento “La Resistencia”, impulsor de las movilizaciones de calle y las protestas de meses atrás. Lo que sí parece más visible es el descontento con la MUD por parte de varios sectores de este movimiento, principalmente conformado por estudiantes, quienes critican severamente la decisión de la plataforma opositora de participar en las elecciones regionales, considerando que esta decisión supone “hacerle el juego” al gobierno.

¿Matrimonio por conveniencia en el ‘chavismo’?

A pesar de las disidencias presentadas en marzo pasado, con protagonismo en la deserción de la Fiscal General Luisa Ortega, el test político 2017 parece evidenciar una aparente unidad, casi monolítica, en el Gobierno de Maduro y la estructura chavista.

No obstante, en el chavismoconviven ciertos grupos de poder interno que definen una especie de troika circunstancialmente unificada. Su peso y protagonismo dependerán de la evolución, o incluso del desenlace, de la crisis política venezolana.

Se pueden apreciar cuatro grupos principales, algunos de ellos incluidos en las listas de sancionados por Washington durante la anterior administración de Barack Obama y la actual de Donald Trump:

Chavismo civil. Liderado por el presidente Nicolás Maduro, incluye a su esposa (“Primera Dama Combatiente”), Cilia Flores. A ellos se unen figuras clave en el poder como Elías Jaua (ministro de Educación); Aristóbulo Istúriz (ministro para las Comunas y Movimientos Sociales); Tarek William Saab (Defensor del Pueblo); Tareck El Aissami (vicepresidente ejecutivo); y Freddy Bernal, actual coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), las redes gubernamentales de distribución de alimentos.

Este grupo es un núcleo decisivo que tiene peso en la estructura política y burocrática a nivel estatal, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). También controlan ciertos grupos económicos y empresariales creados en los últimos años, particularmente en el caso de El Aissami.

Mantiene una relación fluida con el estamento militar (FANB) y los organismos policiales y de seguridad nacional (GNB, PNB, CICPC). Tienen peso dentro de los organismos comunitarios chavistas pero no es tan perceptible su influencia dentro de los colectivos armados y la Milicia Bolivariana (MB)

Chavismo radical. La figura visible es Diosdado Cabello, actual diputado y vicepresidente del PSUV. Dentro de este grupo no se conoce una estructura de poder definida. Más bien, todo parece girar en torno a Cabello.

Cabello controla una enorme porción de poder dentro de la estructura burocrática del PSUV a nivel gubernamental y estatal (gobernaciones). También de la mayor parte de los grupos económicos del chavismo. Estos crecieron y se consolidaron amparados en su cercanía con Cabello. Diversos sectores lo señalan como el líder de la denominada “derecha endógena” y del “ala militar” .

Cabello tiene igualmente un peso decisivo dentro de los organismos de seguridad y algunos colectivos armados. Es igualmente perceptible su influencia dentro de la FANB y del estamento militar. Maneja un programa en la estatal Venezolana de Televisión (VTV), que le permite marcar su propia agenda política y tener difusión comunicativa.

No obstante, es observado con recelo por parte del “chavismo civil”, así como en algunos sectores de la FANB. Esto podría perjudicarlo ante cualquier desenlace inesperado de la crisis.

Chavismo institucional. Su figura más visible es el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Tampoco constituye un grupo de poder definido. Es más bien una estructura heterogénea.

A pesar de formalizar su lealtad al Gobierno, Padrino ha mostrado una posición igualmente pragmática. Ante la crisis actual, la FANB constituye un factor decisivo a la hora de equilibrar o decantar la balanza. Esto le permite a Padrino mantener cierta neutralidad y autonomía.

Desde el punto de vista ideológico, Padrino se erige como el heredero de la concepción “cívico-militar” del chavismo. El estratégico peso político y económico del estamento militar también pasa por sus manos. Esa especie de atribución de árbitro de Padrino le granjea peso a la hora de equilibrar las fuerzas dentro del chavismo.

Esta estructura institucional se amplía en la burocracia chavista (ministerios e instituciones públicas). Pero su capacidad de influencia y de peso no parece ser tan decisiva. Sus acciones parecen estar neutralizadas por la posición política e institucional que adopten Padrino y la FANB y por la influencia que pueden tener los grupos de poder anteriormente señalados.

Chavismo popular de base. No tiene líderes visibles y es un grupo menos definido y amorfo. Suelen identificarse aquí a los colectivos populares (consejos comunales, Congresos de la Patria, Unidades de Batalla Hugo Chávez, etcétera), los colectivos armado) y la Milicia Bolivariana.

Algunos de ellos han adquirido cierto grado de autonomía. No obstante, son sumamente dependientes del financiamiento público y de las relaciones de poder de alto nivel. Algunos incluso rivalizan en el monopolio del control político y paramilitar, principalmente en el caso de los colectivos armados.

¿Tiene fuerza la disidencia chavista?

A pesar de las rivalidades y pugnas internas de poder y las recientes disidencias (Fiscal Luisa Ortega) no parece visualizarse con certeza una ruptura estructural dentro del chavismo que implique el ascenso de otra facción de poder. No existe un peso hegemónico de un grupo sobre otro. Su equilibrio se mantiene por la necesidad de hacer frente a la oposición y la presión internacional.

Para el gobierno, la desactivación de las protestas supone una victoria política que refuerza la necesidad de mantener el actual estado de unidad. No obstante, el mismo podría alterarse si las presiones internacionales y el descontento social ante la represión policial y la escasez alimentaria no cesan. Las rupturas, en todo caso, pueden obedecer a presiones desde las bases populares y burocráticas del chavismo. Las mismas pueden influir dentro de la FANB y en parte de la institucionalidad del chavismo civil.

Ortega y otros ex ministros chavistas, como Gabriela Ramírez, ex Defensora del Pueblo, y Miguel Rodríguez Torres, ex ministro del Interior y Defensa, han realizado tímidos contactos con la oposición en los últimos meses. Pero los mismos no parecen fructificar en pactos consolidados que propicien los mecanismos de una posible transición post-Maduro.

La atención está más bien enfocada en las gestiones que la Fiscal Ortega realiza en el exterior, principalmente en países clave como Colombia, Brasil, EE UU y España, y que amenazan con complicar el ya de por sí visible aislamiento internacional del gobierno de Maduro.

Estas gestiones también incluyen las demandas contra Maduro invocadas ante el Tribunal Internacional de La Haya por parte de sectores opositores venezolanos, por su presunta responsabilidad en la represión contra manifestantes acaecidas meses atrás.

El amigo Putin

Un aliado ha estado al lado de Maduro en este crítico 2017: el presidente ruso Vladímir Putin. Traducida en una sólida alianza energética y militar desde 2005, Rusia ha mostrado su apoyo a la legitimidad del gobierno de Maduro así como a la controvertida Asamblea Nacional Constituyente.

Con todo, los intereses rusos también están presentes de forma muy definida en la actual crisis venezolana. Uno de ellos tiene que ver con la nueva Ley de Hidrocarburos presentada por Maduro (diciembre de 2016) y que fue rechazada por el poder legislativo bajo control opositor.

Esta ley estipula la creación de empresas mixtas. En este sentido, la estatal energética rusa Rosneft tiene grandes intereses en explotar campos petroleros en la Faja Petrolífera del Orinoco a través de la modalidad de empresas mixtas con PDVSA. La negativa de la Asamblea Nacional impide la viabilidad de este proyecto.

Del mismo modo, la Asamblea Nacional denunció como ilegal el acuerdo de CITGO, filial de Petróleos de Venezuela en EE UU, con Rosneft (diciembre de 2016), que estipulaba un préstamo otorgado por la estatal rusa, valorado en 1.500 millones de dólares. Como garantía de pago, CITGO habría otorgado el 49% de sus acciones a Rosneft.

Este acuerdo entre CITGO y Rosneft está siendo investigado y pendiente de sentencia en un tribunal del estado de Delaware (EE UU) por presuntas irregularidades. Por ello, esta operación financiera está creando fuertes presiones en Washington en un momento delicado en sus relaciones con Moscú.

Un actor clave en este contexto es el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, ex directivo de la multinacional Exxon Mobil y amigo personal del presidente de Rosneft, Igor Sechin. Tillerson tiene la vista puesta en Venezuela por controversias pasadas con el ex presidente Hugo Chávez en proyectos de exploración de Exxon Mobil en la Faja Petrolífera del Orinoco. También fija su atención en los recientes descubrimientos de reservas energéticas en la plataforma marítima en torno al territorio del Esequibo, en reclamación de su soberanía por parte de Venezuela y Guyana.

La presión internacional y las sanciones estadounidenses contra funcionarios del gobierno de Maduro han motivado a Caracas a acelerar los contactos estratégicos con Moscú. En abril pasado, el ministro de Defensa Vladimir Padrino asistió en la capital rusa a la VI Conferencia de Seguridad Internacional. La invitación fue realizada por su homólogo ruso Serguéi Shoigú. En esta conferencia, Padrino habló de la preocupación venezolana ante la proyección de la OTAN en América Latina.

Entre septiembre y octubre, Maduro viajó a Kazajistán, Rusia, Bielorrusia y Turquía para participar en diversas cumbres y reuniones que revelan la concreción de intereses venezolanos con Rusia, China, Turquía e incluso India. Esto también se ha evidenciado ante la reciente decisión de Maduro (septiembre) de sustituir al dólar como sistema de pago a favor de una canasta de monedas integrada por el yuan chino, el rublo ruso, la rupia india e incluso el euro.

Este contexto podría definir una estrategia geopolítica de acercamiento de Caracas al eje euroasiático que diseña el Kremlin. Para Putin, estos acercamientos traducen expectativas de jugar sus cartas geopolíticas en el tradicional patio trasero estadounidense, tal y como Washington ha venido realizando en la periferia rusa ex soviética en los últimos años, especialmente en Ucrania.

En el ámbito hemisférico, Maduro cuenta con el apoyo del eje del ALBA y de algunos países de la CELAC, que le sirven para amortiguar la presión de la OEA a la hora de aplicar la Carta Democrática en Venezuela. Por su parte, la oposición cifra sus esperanzas en acentuar la presión internacional contra Maduro, principalmente vía EE UU y Unión Europea, así como en obtener ganancias electorales en los próximos comicios regionales que eventualmente desarticulen la unidad circunstancial existente en el chavismo.

Todo ello parece intuir que las gestiones y contactos que simultáneamente vienen realizando tanto el gobierno como la oposición implican la posibilidad de configurar un nuevo status quo político en Venezuela. Pero en el horizonte de mediano plazo se impone un reto más estratégico: las cábalas y expectativas de candidaturas electorales para las presidenciales de 2018.