La economía chilena atraviesa por una fase de ralentización desde 2015 cuya causa principal es el descenso del precio del cobre en los mercados mundiales. Para Chile, el cobre es una especie de monocultivo; otros países dependen del petróleo, pero, claro, el cobre no está defendido en los mercados por un cártel poderoso. Cuando el precio del cobre cae, no existen herramientas eficaces para subirlo de nuevo; hay que esperar pacientemente a que se recupere. Este año la economía chilena crecerá en torno al 1,5%. Pero también hay buenas noticias: el precio del cobre se está recuperando y, por lo menos, el metal ya no constituirá un lastre para el crecimiento. No obstante, para 2018 las estimaciones de crecimiento no superan el 2%; tendrán que pasar un par de años para que se alcance una tasa de crecimiento del 4%.

Pero el avance coyuntural expuesto en números poco nos dice de la estructura económica del país, que al fin es lo que decide la calidad del bienestar y la estabilidad futura. Acaso el indicio de la dependencia del cobre revela la descompensación de las fuentes de riqueza. El equipo económico de Michelle Bachelet apenas se equivocó un milímetro en su diagnóstico sobre los flancos débiles de la economía chilena. En primer lugar, se hace necesario reducir la dependencia del cobre; condena a los chilenos a una excesiva e innecesaria volatilidad en el crecimiento económico. Claro que, como se apresuran a explicar desde las localizaciones mineras, la reducción tiene que ser paulatina. Faltaría más. Pero ya urge iniciar el viraje hacia nuevas fuentes de riqueza.

Con la misma urgencia, o mayor, había que reformar el sistema fiscal. Cualquier observador distraído lleva a la conclusión de que los Estados que quieren contribuir al crecimiento económico —aunque sea de la manera indirecta que predica el liberalismo— están obligados a contar con una estructura recaudatoria firme y segura, que, desde luego, no quiere decir confiscatoria. Se trata sencillamente de asegurarse un flujo continuado de ingresos a los que deben contribuir las empresas y las rentas individuales de forma proporcionada. El mismo observador distraído comprenderá que la diferencia entre los países desarrollados y los emergentes es, básicamente, de seguridad fiscal.

El Estado chileno necesitaba aumentar los ingresos para cubrir las inversiones necesarias en educación, otro de los graves déficits de la sociedad chilena. Porque la educación, una externalidad para el catecismo neoliberal, es una de las formas —junto con la seguridad jurídica, por cierto— que tiene el Estado para contribuir al crecimiento. Por estas y otras razones, las decisiones económicas de Bachelet estuvieron plenamente justificadas.

El argumento dominante hoy insiste en culpar a los cambios fiscales y educativos de la caída de la inversión. "Crearon incertidumbre", se pontifica con seguridad impostada. Es probable; pero sabemos, desde que Keynes nos lo enseñó, que las decisiones de inversión dependen principalmente de las expectativas de demanda y, por lo tanto, sería más acertado suponer que la caída de la demanda es la causa previa a la depresión inversora. Por otra parte, se extiende el consenso de que las expectativas de demanda mejorarán en los próximos meses. Así que la fase depresiva de la inversión puede empezar a cerrarse en los próximos meses.

En las próximas e inmediatas elecciones (19 de noviembre) tiene ventaja el candidato de la derecha, Sebastián Piñera. Mal haría, si gana, en repudiar el diagnóstico y las líneas políticas básicas de Bachelet, salvo en lo que se refiere a la modulación de los detalles. La fiscalidad y la educación son líneas de progreso para Chile, por más que Piñera se sienta tentado de recurrir a modos de crecimiento más endebles.