Al caer la noche en Cartagena de Indias, Colombia, el entorno colorido de la ciudad se transforma en un patio de juegos cuando ha oscurecido. Entre las animadas escenas de restaurantes, bares, pistas de baile, música y fiestas nocturnas, uno de los secretos más oscuros de la ciudad está oculto: su industria del turismo sexual en aumento.

A lo largo del muro histórico de la ciudad, las prostitutas esperan con paciencia en sus lugares habituales, los traficantes hacen negocios en los callejones nocturnos y los vecinos sostendrán que puede comprar cualquier cosa o cualquier persona si puede pagarla. Estas transacciones con frecuencia involucran sexo con menores.

El turismo sexual está aumentando en todo el mundo, pero su alza ha sido especialmente elevada en los países de América Latina. Destinos turísticos como Río en Brasil, Cancún en México y las playas de República Dominicana, Costa Rica, Guatemala y Honduras son a menudo atractivos para los turistas, no solo por su clima, naturaleza y cultura, sino también por su acceso barato y fácil al sexo. Por lo general, los principales eventos deportivos, despedidas de soltero, conferencias de negocios, foros y otros eventos en los que participan principalmente hombres que viajan solos, o en grupos, se asocian con una demanda de servicios sexuales.

Si bien la legislación sobre la prostitución varía según cada país, la creciente demanda de servicios sexuales ha impulsado una industria del sexo que funciona mayormente en las sombras y utiliza métodos coercitivos para obligar a las personas a la prostitución. En su mayoría, las víctimas son mujeres y niños, aunque los indígenas, los inmigrantes y las personas LGBT son especialmente vulnerables. Las condiciones de pobreza, discriminación y violencia, los bajos niveles de educación, la inmigración ilegal y la falta de exigencias en la aplicación de la ley en estos países permiten que los traficantes desarrollen sus actividades y expandan sus negocios.

A pesar de que en los últimos años los países de América Latina han hecho esfuerzos considerables para combatir la explotación sexual, incluida la aprobación de leyes contra la esclavitud, la concesión de recursos para programas especiales y la creación de alianzas con ONG, el problema persiste y pone en peligro miles de vidas. De acuerdo con el Informe sobre la Trata de Personas de 2017, la mayoría de los países de América Latina no cumplen totalmente los estándares para combatir este delito.

La proliferación del tráfico sexual y el turismo sexual infantil en América Latina es nociva y peligrosa no solo para sus víctimas, sino para toda la región, ya que debilita el estado de derecho, pone en peligro la vida de sus ciudadanos, amenaza la seguridad de las empresas y compromete el desarrollo económico y social de los países. Por lo tanto, es indispensable que todos los sectores de la sociedad adopten medidas urgentes para erradicarlo. Los gobiernos nacionales y locales se sitúan en el centro de esos esfuerzos; sin embargo, el sector privado tiene una función importante que desempeñar en la lucha contra el crimen.

La mayoría de las medidas que las empresas han adoptado en la lucha contra la trata de personas se han encaminado hacia donaciones filantrópicas o a la capacitación de sus empleados para reconocer a las víctimas, denunciar el delito y cooperar con las autoridades.

Aunque estos son avances importantes en el tema, aún queda mucho por hacer en materia de reconocimiento de los empleados, directores y partes interesadas de las empresas como consumidores de servicios sexuales que, en algunos casos, son ilícitos. Los recientes movimientos contra el acoso sexual y el abuso sexual han arrojado luz sobre un sistema que permite que el abuso de poder quede impune para proteger los intereses privados. Esto es aún más grave cuando la víctima vive en una situación de explotación, es un niño o no tiene acceso a la justicia.

La cultura empresarial que ha permitido —o en algunos casos alentado— la idea de que ciertos seres humanos son objetos sexuales o bienes negociables tiene que cambiar. Esto favorecerá la imagen, las relaciones internas y las operaciones de las empresas, y creará un bien mayor para toda la sociedad. Aquí señalamos seis medidas que las empresas pueden tomar a nivel interno para luchar contra el turismo sexual infantil y la explotación sexual.

1. Información: crear conciencia y desarrollar programas de capacitación específicos sobre los peligros del tráfico sexual y el sexo con menores, informar a los empleados acerca de la legislación sobre prostitución en diferentes países, cuando se encuentran de viaje de negocios en el extranjero.

2. Responsabilidad: en el turismo sexual, el culpable suele ser un extranjero que abandona el país después de cometer el delito. Esto representa una gran dificultad para la investigación y el procesamiento. Si bien la legislación de cada país está limitada por sus fronteras nacionales, las empresas pueden cooperar con la investigación, compartir información clave y hacer que los empleados rindan cuentas internamente por conducta sexual inapropiada, incluso si el delito no se cometió en el país de residencia del empleado.

3. Políticas corporativas: solicitar declaraciones firmadas en las que el empleado tiene que declarar que no ha participado deliberadamente en la explotación sexual de menores.

4. Seguimiento de transacciones: si bien, en su mayoría, esto lo llevan a cabo empresas del sector financiero, cualquier compañía que ofrezca a sus empleados una cuenta bancaria corporativa puede rastrear patrones de transacciones inusuales efectuadas a ciertas horas de la noche o por importantes sumas de dinero.

5. Alianzas: cooperar con las autoridades, las ONG, las instituciones y las personas que luchan contra el tráfico sexual. Crear espacios para diálogos a fin de compartir estrategias y prácticas contra la trata de personas.

6. Brindar apoyo a los sobrevivientes: las víctimas rescatadas de la trata de personas tienden a recaer en la prostitución y otras actividades ilícitas porque sufren discriminación y están excluidas de la sociedad. Las empresas pueden crear programas especiales para apoyar a las víctimas de la trata de personas, al ofrecerles pasantías y trabajos, y ayudarlos a reintegrarse en la sociedad.

Es común pensar que una empresa solo enfrenta la conducta sexual inapropiada de sus empleados, directores o partes interesadas cuando provoca un escándalo que amenaza su reputación. Pero, mientras la demanda de turismo sexual aumenta y un gran porcentaje de niños crece en la pobreza y la violencia, donde son presas fáciles de los traficantes, América Latina está poniendo en riesgo su propio futuro. Este es el motivo por el que las empresas con negocios en la región deben actuar de inmediato. La cultura corporativa debe cambiar antes del próximo escándalo sexual, no después.