Este año, el Día Internacional de la Mujer trae consigo renovados reclamos por avanzar en la campaña hacia la paridad de género (#pressforprogress). Brindar a mujeres y niñas la oportunidad de tener éxito no solo es hacer lo correcto, sino que también puede transformar sociedades y economías. Liberar este potencial transformador supone promover más igualdad de oportunidades: por ejemplo, la igualdad de derechos jurídicos para hombres y mujeres y la igualdad en el acceso a la educación, la salud y las finanzas. No menos importante es la cuestión fundamental de asegurar un entorno seguro para todos que brinde, entre otras cosas, protección contra el acoso.

Nuestro mensaje es claro: proveer protección jurídica contra el acoso sexual crea un entorno en el cual las mujeres tienen más probabilidades de ser activas económica y financieramente.

En este sentido, el nuevo trabajo de investigación del personal técnico del FMI “What is Driving Women’s Financial Inclusion Across Countries?” (¿Qué está impulsando la inclusión financiera de las mujeres en todos los países?) constata que existe un vínculo entre el acceso financiero y la protección contra el acoso. Examinamos esta conexión empíricamente en encuestas a 1.000 personas realizadas en cada uno de los más de 140 países.

Seguridad jurídica e inclusión financiera

Las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de obtener acceso a los servicios financieros. Esto sucede especialmente en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, donde los indicadores de inclusión financiera son un 14% inferiores para las mujeres que para los hombres (véase el gráfico).

Por consiguiente, nuestra investigación analizó los factores que determinan el acceso a los servicios financieros en particular para las mujeres. Constatamos que las mujeres que viven en países con mayor protección contra el acoso, por ejemplo el acoso en el trabajo, tienen más probabilidades de abrir una cuenta bancaria, pedir préstamos y ahorrar, y usar servicios financieros como los de pago a través de teléfonos móviles.

Estos vínculos son robustos. Cuando se asegura la protección jurídica, el acceso financiero para la mujer promedio que vive en un país de mercado emergente o en desarrollo es casi un 16% más profundo: es decir, los indicadores de inclusión financiera son más altos. Para la mujer promedio de África subsahariana, la cifra es casi un 25% superior. Eliminar el acoso y aumentar el acceso de las mujeres a los servicios financieros puede transformar vidas.

Pero los beneficios no terminan ahí. Promover la igualdad de oportunidades puede ser un factor de cambio decisivo. Un mayor acceso financiero significa mayor actividad económica realizada por mujeres, incluso como empresarias. Esto se convierte en un aumento del crecimiento económico y de la productividad, una distribución más equitativa del ingreso, un incremento de los beneficios para las empresas y una mayor estabilidad económica.

Importantes lagunas en la protección jurídica

Nuestro estudio muestra claramente que proteger a las mujeres del acoso puede redundar en beneficios económicos en varios ámbitos. Es además una cuestión moral, como lo destaca el movimiento #metoo, que ha puesto de manifiesto que el acoso sexual es generalizado en muchos países. Como es lógico, esto ha provocado indignación en muchas partes del mundo.

Estos debates son importantes y ya era hora de que se dieran, pero son solo la punta del iceberg. Una base de datos e informes detallados del Banco Mundial indican que:

  • En 2017, casi 290 millones de mujeres adultas carecían de protección jurídica contra acoso sexual y más de 360 millones de mujeres estaban indefensas contra el acoso en el trabajo.
  • Estas lagunas jurídicas se extienden al hogar. En casi la cuarta parte de los países no existe ninguna protección contra la violencia doméstica.
  • La falta de protección jurídica afecta a las niñas desde una edad temprana. En algunos países la mayoría de edad para contraer matrimonio es diferente entre mujeres y hombres y casi 100 millones de niñas carecen de suficiente protección jurídica que impida que se casen mientras aún son niñas.

Cambiar la legislación no es suficiente: debe complementarse con una aplicación efectiva. Otras políticas también son importantes y los gobiernos pueden actuar ya mismo. Por ejemplo, la política fiscal puede jugar un papel más relevante a través de inversiones en seguridad en el transporte e instalaciones sanitarias para mujeres y niñas, y brindando apoyo a las víctimas de la violencia de género.