Bruselas castiga a Polonia por sus graves incumplimientos del Estado de derecho. La Comisión Europea pulsó ayer por primera vez el llamado botón nuclear de la UE, de momento en fase de baja intensidad. Esa medida sin precedentes traslada ahora la presión a los Estados miembros, que deberán decidir con su voto si Polonia está violando los valores de la UE. Tras dos años de dudas, Bruselas ha activado el artículo 7 del tratado europeo después de que el Gobierno de Varsovia culminara su controvertida reforma judicial. La Comisión considera que ese paquete dinamita la separación de poderes en el gigante del Este.

El Ejecutivo comunitario había lanzado innumerables avisos de que el temido artículo 7 se aproximaba. El pasado julio se fijó una última línea roja: la reforma del Tribunal Supremo que permite despedir a dedo a los jueces mediante un adelanto de la edad de jubilación. La aprobación hace dos semanas de esta medida en el Parlamento polaco supuso la prueba definitiva de que no hay marcha atrás en el deterioro democrático de Polonia, alumna aventajada de la UE hace apenas tres años.

Las 13 reformas judiciales que ha aprobado el ultranacionalista Gobierno polaco en los últimos dos años colocan al país fuera de los parámetros de la UE.

La decisión que ha adoptado el colegio de comisarios en su última reunión del año desencadena un proceso en el Consejo de la UE que puede acabar con la máxima penalización prevista para un Estado europeo: perder sus derechos de voto. En la práctica es altamente improbable que prospere esa medida porque requiere un reconocimiento unánime de que la vulneración del Estado de derecho es generalizada. Y Hungría, con derivas autoritarias similares a las de Polonia, nunca respaldará ese giro.

Pero el mensaje político es claro: las 13 reformas judiciales que ha aprobado el ultranacionalista Gobierno polaco en los últimos dos años colocan al país fuera de los parámetros de la UE.

“Si pones fin a la separación de poderes, estás violando el Estado de derecho”, argumentó en conferencia de prensa Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión, que se declaró frustrado por los nulos resultados del diálogo con Varsovia. El responsable de velar por los valores democráticos en el Ejecutivo comunitario admitió que se trata de una decisión difícil, pero esgrimió la gravedad de la situación para defenderla: “El Estado de derecho es una condición necesaria. No se trata solo de Polonia, sino de la UE en su conjunto, de saber qué somos”.

Junto a este paso inédito, Bruselas decidió llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE —máxima instancia judicial en el club comunitario— para que decida sobre la legalidad de la reforma que rebaja la edad de jubilación de los jueces ordinarios. La norma propicia la retirada de los magistrados considerados menos complacientes con el poder y establece, además, una discriminación de género, con el límite de vida laboral en 60 años para las mujeres y en 65 para los hombres. El recurso al tribunal tiene menos alcance político que el artículo 7, pero probablemente sus resultados resultarán más prácticos. Si la justicia europea respalda a la Comisión, acabará imponiendo una sanción económica a Polonia.

El recorrido que tenga ahora la utilización de este instrumento comunitario es incierto. El Consejo de la UE —representa a los Estados miembros— tendrá que pronunciarse sobre si los valores democráticos están amenazados en Polonia. Se requiere una mayoría de cuatro quintos, así como la aprobación del Parlamento Europeo, muy crítico con el autoritarismo de Polonia. No hay plazo máximo para fijar este asunto en la agenda, pero como última oportunidad al diálogo, la Comisión ha dado tres meses a Varsovia para reconsiderar su posición. Así es que resulta improbable que durante ese periodo los países se pronuncien. La primera oportunidad formal para hacerlo sería a finales de febrero.

El Gobierno polaco, liderado en la sombra por el extremista Jaroslaw Kaczynski, lleva dos años ignorando todas las advertencias de Bruselas.

Aun así, la posibilidad de una vuelta atrás es muy remota. El Gobierno polaco, liderado en la sombra por el extremista Jaroslaw Kaczynski, lleva dos años ignorando todas las advertencias de Bruselas sobre incumplimientos de los pilares básicos de la UE. Hasta ahora, Varsovia ha presentado ese enfrentamiento como una cruzada que Timmermans emprendía en solitario contra la soberanía polaca. Elevar este dosier al Consejo permitirá medir los apoyos de la Comisión. Una mayoría de Estados (unos 22, entre ellos Francia y Alemania) han respaldado hasta ahora el enfoque de Bruselas en discusiones meramente consultivas. Queda por ver si serán capaces de demostrarlo con un voto.

“Las reformas judiciales en Polonia suponen que el sistema judicial está ahora bajo control político de la mayoría gobernante”, sintetizó Timmermans. Para cargarse de legitimidad, el Ejecutivo comunitario invoca las alertas lanzadas desde otros organismos internacionales. El Consejo de Europa, la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional han alertado contra el retroceso polaco.

Críticas de Varsovia

Polonia acusa a Bruselas de emprender una maniobra interesada para castigar su negativa a acoger refugiados. “Esto es todo sobre política y no sobre el Estado de derecho”, ha recalcado el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro. El ultranacionalista Gobierno de Ley y Justicia (PiS) ha afirmado que el procedimiento de la Comisión “afecta inútilmente” a las relaciones futuras entre Polonia y la UE” y que está dispuesto a recurrir las posibles sanciones ante el tribunal de la UE. “Esto es efecto no sólo de la oposición informada [de Polonia a la Comisión], sino también de que no queremos aceptar inmigrantes musulmanes porque nos preocupamos de la seguridad de los polacos”, ha afirmado la portavoz del PiS, Beata Mazurek.

El partido que gobierna Polonia desde finales de 2015, sin embargo, duda que el castigo prospere. Polonia ya cuenta con el apoyo declarado de Hungría, que ve como una amenaza y una “intromisión” el procedimiento iniciado por la UE. “No hay manera de que el Ejecutivo húngaro acepte”, ha afirmado el vicepresidente, Zsolt Semjén. Unas palabras similares a las de su primer ministro, Viktor Orbán, que ha alzado la voz contra la “ofensiva inquisitoria contra Polonia”. Y Hungría puede no ser el único. El patrón de Polonia se está repitiendo también en Rumania, que pese a ser un país profundamente europeísta y cuyo Gobierno socialdemócrata nunca ha dado muestras de eurofobia, acaba de aprobar otra muy criticada reforma judicial que dificulta perseguir la corrupción y también alarma a Bruselas.

Mientras el Gobierno polaco se enroca, la sociedad está cada vez más polarizada. El Ejecutivo y su nuevo primer ministro, Mateusz Morawiecki, que se reunirá con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y con el propio Timmermans en enero,‏ defienden que los cambios son necesarios para modernizar el sistema, luchar contra la corrupción y acabar con una “casta privilegiada” de jueces y funcionarios judiciales.

Aviso a otros países

La propuesta de Timmermans recibió un apoyo unánime entre los comisarios, según las fuentes consultadas, aunque no todos intervinieron. La más enérgica en sus palabras fue la comisaria de Justicia, la checa Vera Jourová, que ya ha avisado otras veces sobre la amenaza al Estado de derecho que representa Kaczynski, según las fuentes consultadas.

La penalización a Polonia puede convertirse en un peligroso precedente para Hungría, también embarcada en modificaciones legales.

Aunque el caso polaco es el más flagrante, otros países se asoman a la misma pendiente. La penalización a Polonia puede convertirse en un peligroso precedente para Hungría, también embarcada en modificaciones legales. Y así sucesivamente con varios de los países de Europa del Este.

Rumania, por ejemplo, un país profundamente europeísta cuyo Gobierno socialdemócrata nunca ha dado muestras de eurofobia, promueve una controvertida reforma que socava la independencia de la justicia, al cambiar la organización de sus tribunales, y limita las funciones de la fiscalía anticorrupción y, por tanto, la persecución de estos delitos. Un cambio legal delicado en el que está considerado uno de los países más corruptos de la UE —el propio líder del partido del Gobierno está imputado—. Así, el castigo a Polonia puede ser también un aviso a Bucarest que, pese a las voces de alarma de la Comisión, de EE UU y de las multitudinarias protestas ciudadanas, aprobó ayer el primer capítulo de sus reformas.